Diputado Diego Ibáñez apela a la Corte Suprema para paralizar la búsqueda del tesoro de Bernard Keiser en Juan Fernández

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó un recurso de apelación a la Corte Suprema por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó declarar ilegal el acuerdo firmado entre Conaf y el historiador Bernard Keiser que permite excavar con maquinaria pesada en el Parque Nacional Juan Fernández buscando un tesoro.

Ibáñez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, señaló que “hay seguir peleando por resguardar esta reserva de la biósfera de esta búsqueda necia de un tesoro, intereses económicos de un privado en un lugar que es todos y todas. Maquinaria pesada excavando donde no se cuenta con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, porque en la campaña anterior ya se encontraron restos arqueológicos distintos del tesoro, que no fueron informados. Tenemos argumentos suficientes y por eso apelamos a la Corte Suprema”.

Además el parlamentario frenteamplista destacó que “La Corte de Apelaciones de Valparaíso no se pronunció sobre las ilegalidades y aspectos de fondo que se reclaman. Uno de ellos es que Conaf carece de la facultad de celebrar actos, como el protocolo de acuerdo, porque no va en aprovechamiento del parque ni se condice con los fines de protección que debe cumplir” agregando que “el acuerdo es contrario al propio plan de manejo del parque nacional, y permite el ingreso de un proyecto que incumple la Ley de Monumentos Nacionales”.

La abogada patrocinante del recurso, Camila Nieto, explicó que “la primera sala de Corte de Apelaciones de Valparaíso consideró que el recurso de protección era extemporáneo, sin tomar en cuenta que el protocolo de acuerdo firmado para permitir estas excavaciones, cuya ilegalidad hemos reclamado , es un acto que genera efectos que son permanentes, porque mediante él se permitió el ingreso de maquinaria que hasta el día de hoy trabaja en el parque nacional, afectando diariamente el contexto arqueológico del sector.  Al ser un acto de efectos permanentes, que es lo que hemos sostenido, implica modificar la forma de computar el plazo de 30 días exigidos para deducir la acción cautelar. Eso la Corte de Apelaciones de Valparaíso no lo reconoció, por eso hemos decidido ir a la Corte Suprema, para que, una vez que reconozca que estamos en presencia de un acto que genera efectos permanentes, se pueda pronunciar sobre lo que realmente nos interesa que son las ilegalidades que ha cometido el titular de este proyecto a la hora de ejecutarlo en el parque nacional Archipiélago de Juan Fernández.”

Cabe mencionar, la apelación presentada está dentro del plazo de 5 días hábiles dispuestos para ello.

 

 

Publicado por: Quinta Conectado

La información es de: Carmen Paz González 

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